Las reformas de Gustavo Petro: qué proponen y por qué generan polémica

El gobierno impulsa una serie de cambios en salud, trabajo y tributos con el objetivo de reducir la desigualdad, pero enfrenta resistencia en el Congreso y sectores económicos

13/03/2025

Bogotá, Colombia – El gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado varias reformas clave en Colombia, centradas en los sectores de salud, laboral y fiscal, con el objetivo de reducir la desigualdad económica y social y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, ante la dificultad de lograr acuerdos en el Congreso, Petro ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular para que los colombianos decidan directamente sobre las reformas. Esta propuesta ha generado un amplio debate en el ámbito político y social.

A continuación, se detallan las principales propuestas, su estado actual y las reacciones de diversos sectores políticos.

Reforma Laboral

La reforma laboral busca mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la formalización del empleo en Colombia. Bajo el título «Por medio de la cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia», la iniciativa plantea modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. El proyecto consta de 92 artículos y aún sigue en trámite legislativo.

Entre los puntos clave se destacan:

• Aumento progresivo de la licencia de paternidad, que actualmente es de dos semanas y llegaría a 12 semanas en 2026.
• Cambio en la jornada nocturna, que en lugar de comenzar a las 9:00 p.m., iniciaría a las 7:00 p.m. y se extendería hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.
• Reducción gradual de la jornada laboral ordinaria, alcanzando las 42 horas semanales en 2026.
• Aumento del recargo por trabajo dominical y festivo, que pasaría del 75 % al 100 %.
• Formalización del trabajo doméstico remunerado, estableciendo la obligatoriedad de vincular a los trabajadores mediante contrato.
• Regulación del contrato por prestación de servicios, limitando su uso en casos donde exista subordinación laboral.
• Regulación del trabajo a distancia, incluyendo el teletrabajo y el trabajo a domicilio.

A pesar de estas propuestas, la reforma laboral enfrenta obstáculos en el Congreso. El 11 de marzo de 2025, la mayoría de los senadores de la Comisión Séptima firmaron una ponencia para archivar el proyecto, argumentando que encarecería la contratación y afectaría la generación de empleo. Ante la falta de apoyo legislativo, el presidente Petro anunció que llevará la reforma laboral a consulta popular junto con la reforma a la salud, permitiendo que la ciudadanía decida su destino.

Reforma Tributaria

El gobierno también impulsó una reforma tributaria, bajo el nombre «Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones». A diferencia de las reformas laboral y de salud, esta ya fue aprobada y se convirtió en ley. En 2025, el Ejecutivo presentó un segundo proyecto de reforma tributaria con el objetivo de recaudar $12 billones para cubrir el déficit presupuestario.

Entre sus principales medidas se encuentran:

• Disminución gradual de la tarifa de renta corporativa, excepto para los sectores de carbón y petróleo.
• Aumento del impuesto a la renta para personas naturales con ingresos superiores a $1.459 millones.
• Extensión del impuesto al patrimonio a personas jurídicas, reduciendo el umbral de aplicación de 72.000 UVT ($3.368 millones) a 40.000 UVT ($1.883 millones).
• Aplicación de un IVA del 19 % a los juegos de azar en línea, actualmente exentos.
• Prórroga por cinco años de la exención del IVA para la reposición del parque automotor de transporte público y de carga.
• Mantenimiento de una tarifa reducida del 5 % para vehículos eléctricos, mientras que los híbridos pagarán 19 %.
• Adelanto del cumplimiento de la regla fiscal del 2026 al 2025 e incorporación de una regla fiscal verde para financiar proyectos sostenibles.
• Asunción de la deuda energética de los estratos 1, 2 y 3 por parte del Gobierno.
• Incremento del impuesto al carbono, pasando de $25.000 a $75.000 por tonelada de CO₂.
• Pago de recompensas a ciudadanos que denuncien evasión tributaria.

Si bien el gobierno argumenta que esta reforma busca garantizar mayor equidad fiscal y fortalecer programas sociales, el sector empresarial ha expresado preocupación por su impacto en la inversión y el crecimiento económico.

Reforma a la Salud

Otro de los ejes centrales del gobierno de Petro es la transformación del sistema de salud. La reforma busca fortalecer el papel del Estado en la gestión y financiamiento del sector, reduciendo la participación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Su propuesta incluye:

• Acceso universal a la salud, eliminando barreras económicas y fortaleciendo hospitales públicos en zonas rurales.
• Creación de Equipos de Salud Territorial, que acompañarán a cada ciudadano y su familia durante toda su vida.
• Becas para formación de profesionales de la salud, con el fin de garantizar la disponibilidad de médicos y especialistas.
• Gestoras de Salud y Vida, encargadas de agilizar trámites administrativos como citas médicas y entrega de medicamentos.
• Mayor enfoque en prevención y detección temprana de enfermedades.
• Administración centralizada de los recursos del sector salud, a través de la ADRES, eliminando intermediarios y mejorando la transparencia.
• Auditorías constantes para evitar fraudes y garantizar la calidad de la atención.

La iniciativa ha sido fuertemente criticada por la oposición y algunos sectores médicos, quienes advierten que la eliminación de las EPS podría generar un colapso en la prestación de servicios. Al igual que en el caso de la reforma laboral, la falta de consenso en el Congreso llevó al presidente Petro a proponer una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre su implementación.

Un futuro incierto para las reformas de Petro

Las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro buscan cambios estructurales en el modelo económico y social del país. Sin embargo, han encontrado un fuerte bloqueo en el Congreso y una respuesta dividida por parte de distintos sectores. Mientras el Ejecutivo defiende estos proyectos como esenciales para reducir la desigualdad y fortalecer derechos laborales y sociales, sus críticos sostienen que podrían afectar la inversión, la estabilidad del empleo y la sostenibilidad fiscal.