Tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado 10 de marzo donde anuncia el cierre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las reacciones en el arco político de la escena argentina reaccionaron en cadena por el acuerdo, y las formas en que dicho acuerdo fue anunciado.
13/03/2025
Buenos Aires, Argentina – Posterior a la publicación de una editorial en el diario La Nación, donde el Presidente aseguraba que “el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central”, llegó el Decreto 179/2025 publicado en el Boletín Oficial, donde se argumentaron las facultades del Poder Ejecutivo para tomar nueva deuda, dejando en manos de ambas cámaras la posibilidad de revertirlo.
Sin embargo, según el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, se establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier operación de ampliación de los montos de ese programa, requerirá de una ley del Congreso».
Este Decreto tiene como objetivo aprobar un nuevo Programa de Facilidades Extendidas (EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar parte de la deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las operaciones de crédito público derivadas del acuerdo firmado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández.
Los objetivos del nuevo préstamo con el FMI son la cancelación de las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional en poder del BCRA, el pago de la deuda con el FMI en un plazo de 10 años, con 4 años y 6 meses de gracia y la delegación al Ministerio de Economía para ejecutar las operaciones de crédito. Sin embargo, aparte del pago en forma cronológica, no se ahonda en detalles sobre el monto de los desembolsos que depende de una negociación entre el Gobierno y el directorio del Fondo.
Según el Presidente, el ministro de economía Luis Caputo, y su vocero presidencial Manuel Adorni, este acuerdo no implicaría el aumento de la deuda bruta. Así, el Presidente explica: “la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”.
A diferencia del acuerdo firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri, y de la mayoría de los acuerdos de Argentina con el FMI, cuyo concepto ha sido el de Stand By Arrangement (SBA), el EFF proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse, de acuerdo a lo expresado en la Página del FMI..
Reacciones de los actores políticos ante del DNU para el acuerdo del FMI
Previo al Decreto, Diputados del bloque de diputados opositor Unión por La Patria (UP) expidió un comunicado donde aseguraron que iniciarían una demanda penal contra el Presidente. Una vez publicado el Boletín, los diputados Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi presentaron una denuncia penal contra Milei «por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
Por otro lado, el expresidente y líder del partido Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, aseguró que el método por el cual el gobierne pretende aprobar la nueva negociación, “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, aunque no sostuvo un rechazo expreso al fin de los fondos, sopesando cómo hay que “hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible.”
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aseguró mediante X que el DNU es nulo. Nicolás del Caño, de la misma bancada, sostuvo que “el DNU de Milei es tan ilegal y fraudulento como la deuda con el FMI que Macri tomó y el gobierno de Alberto avaló con un nuevo acuerdo”.
Con el Decreto remitido al concierto, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, tiene diez días para dictaminar la aprobación o veto del Decreto.
