La Fundación Apolo expone una red de espionaje del régimen de Maduro que persigue a disidentes venezolanos en Argentina, con antecedentes en Chile y Ecuador.
13 de mayo de 2025
Buenos Aires, Argentina — El Pulso Online
La Fundación Apolo presentó una denuncia penal que sacude la seguridad democrática en Argentina, acusando al régimen de Nicolás Maduro de operar una red transnacional de espionaje para perseguir, hostigar, y amenazar a disidentes venezolanos exiliados, con casos documentados en Argentina, Chile, y Ecuador, que incluyen el asesinato de Ronald Ojeda.
Una Denuncia que Expone una Red Criminal
El 12 de mayo de 2025, la Fundación Apolo, representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, junto al responsable del área investigativa Nicolás Silvera, y patrocinada por el letrado Ignacio Falcón, presentó una denuncia penal ante el Poder Judicial argentino. La acusación señala la existencia de una organización criminal transnacional vinculada al régimen de Nicolás Maduro, dedicada a la persecución, hostigamiento, seguimiento, e intimidación de disidentes venezolanos en Argentina. La denuncia solicita investigar delitos de asociación ilícita agravada, encubrimiento, y amenazas agravadas, contemplados en los artículos 210 ter, 277, 149 bis, y 149 ter del Código Penal argentino, y plantea que los hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad debido a su sistematicidad y conexión con un régimen acusado internacionalmente de violaciones a los derechos humanos.
El Caso de José Zambrano Erazo: Una Persecución Transcontinental
El eje de la denuncia es el caso de José Zambrano Erazo, hijo de Mery Erazo, exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano que abandonó su cargo en 2017 por temor a represalias internas. Tras su salida, Mery se refugió en Ecuador con José y su nuera, y la familia se dispersó por Chile, Colombia, y United States en busca de seguridad. Sin embargo, desde 2018, Zambrano enfrentó una campaña de persecución que incluyó seguimientos, amenazas, y vigilancia ilegal. En Argentina, donde residió entre 2018 y 2024, Zambrano recibió mensajes intimidatorios y cartas físicas que lo acusaban de traición, además de ser incluido en listas negras del régimen chavista, como parte de la Operación Tun Tun, una táctica represiva conocida desde 2017 para silenciar a opositores.
En Ecuador, entre 2017 y 2019, Zambrano fue fotografiado por desconocidos en espacios públicos, y en Chile, en 2020, su hermano David Zambrano reportó un intento de secuestro frustrado. Ivanna Zambrano, su hermana, enfrentó amenazas similares en Colombia antes de mudarse a United States en 2022. La denuncia destaca que el régimen sospechaba que Mery Erazo se había apropiado de documentos que evidenciaban malversación, una acusación no probada que desencadenó esta persecución transcontinental contra su familia.
El Asesinato de Ronald Ojeda: Un Precedente Alarmante
La denuncia de Fundación Apolo también menciona el caso de Ronald Ojeda Moreno, un exmilitar venezolano y disidente del régimen de Maduro, secuestrado y asesinado en Chile en febrero de 2024. Ojeda, de 32 años, había huido de Venezuela tras ser encarcelado por motivos políticos y se había establecido en Santiago de Chile como refugiado. El 15 de febrero de 2024, fue secuestrado de su domicilio por hombres disfrazados de policías, y su cuerpo fue encontrado días después en una maleta enterrada bajo cemento. Las investigaciones chilenas determinaron que el crimen tuvo motivaciones políticas y vínculos con el régimen venezolano, señalando a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como posible ejecutora, en colaboración con bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua.
Este caso, que generó conmoción en Chile, es citado como un precedente de la capacidad del régimen de Maduro para operar fuera de sus fronteras, utilizando métodos que incluyen secuestros, asesinatos, y amenazas contra opositores. La Fundación Apolo advierte que, aunque en Argentina no se han registrado crímenes de esta magnitud, la presencia de la red de espionaje podría escalar a actos similares si no se toman medidas urgentes.
Operación Tun Tun y Métodos de Represión
La Operación Tun Tun, mencionada en la denuncia, es una estrategia represiva del régimen de Maduro que comenzó a ser documentada desde 2017, cuando el diputado Diosdado Cabello la anunció en su programa de televisión como un mecanismo para detener a «terroristas». Desde entonces, se ha convertido en un método sistemático para perseguir a opositores, tanto dentro como fuera de Venezuela, mediante arrestos masivos, amenazas, y vigilancia. En 2024, tras las elecciones del 28 de julio, la operación se intensificó, con más de 1.000 detenciones en una semana, especialmente en sectores populares, según datos de organizaciones de derechos humanos.
En el caso de Argentina, la red de espionaje habría utilizado datos migratorios para localizar a disidentes, un hecho que sugiere filtraciones en organismos como la Dirección Nacional de Migraciones. La denuncia incluye pruebas de amenazas anónimas, seguimientos físicos, y mensajes que instaban a Zambrano a “regresar para rendir cuentas”, evidenciando el uso de tácticas de inteligencia para intimidar a exiliados.
Antecedentes en América Latina
La red denunciada no opera solo en Argentina, sino que tiene antecedentes en otros países de la región. En Ecuador, entre 2017 y 2019, exiliados venezolanos reportaron seguimientos similares a los de Zambrano, incluyendo vigilancia en sus lugares de trabajo y residencias. En Colombia, la comunidad venezolana ha denunciado la presencia de agentes encubiertos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que habrían infiltrado organizaciones de exiliados para recopilar información y coordinar actos intimidatorios.
Un caso notable ocurrió en Perú en 2023, cuando un grupo de exmilitares venezolanos fue detenido tras ser acusado de planificar un atentado contra opositores, en una operación presuntamente financiada desde Caracas. En Brasil, en 2022, un informe de inteligencia reveló la presencia de células del régimen que monitoreaban a exiliados, utilizando información obtenida de manera ilegal para amenazar a sus familias en Venezuela. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de la Fundación Apolo de que la red de espionaje es parte de una estrategia transnacional del régimen para silenciar a sus críticos más allá de sus fronteras.
Implicaciones para la Seguridad Democrática en Argentina
La denuncia subraya el peligro que representa esta red para la seguridad democrática de Argentina, al convertir al país en un escenario para las operaciones del régimen chavista. Yamil Santoro, legislador porteño y candidato a renovar su banca, afirmó: “La impunidad de estos grupos representa un riesgo concreto para la seguridad democrática de Argentina. No se trata solo de proteger a un individuo, sino de evitar que nuestro territorio sea usado como plataforma de operaciones para un régimen que persigue y elimina a sus opositores”. La posible complicidad de funcionarios locales o filtraciones en organismos oficiales agrava la situación, planteando preguntas sobre la integridad de las instituciones argentinas.
Contexto Político y Judicial del Régimen de Maduro
El régimen de Maduro enfrenta múltiples acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos. En 2024, un juez argentino solicitó la indagatoria de Maduro y otros funcionarios por delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros, torturas, y homicidios de opositores, en el marco de una investigación que abarca desde 2014. La Corte Penal Internacional (CPI) también ha avanzado en su investigación contra el régimen por crímenes similares, con un enfoque en la represión sistemática de opositores. Este contexto refuerza la gravedad de la denuncia de Fundación Apolo, que podría derivar en acciones legales internacionales si se confirma la naturaleza de los delitos como lesa humanidad.
Llamado a la Acción y Compromiso de Fundación Apolo
La Fundación Apolo exigió que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de prevención e investigación de estos crímenes, incluyendo tratados como la Convención contra la Tortura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo de la causa, buscando proteger a los miles de exiliados venezolanos en Argentina, que representan una de las comunidades más grandes de la diáspora, con más de 200.000 personas registradas hasta 2024.
El caso de José Zambrano Erazo, junto con el asesinato de Ronald Ojeda y otros antecedentes en la región, pone de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada para desmantelar estas redes de espionaje. Mientras el Poder Judicial argentino evalúa la denuncia, la comunidad internacional observa con atención, en un momento donde la lucha por los derechos humanos y la seguridad democrática enfrenta nuevos desafíos en América Latina.
