Crisis politica antes del 10 de enero en Venezuela
El regimen de Nicolás Maduro ha anunciado una recompensa de $100 mil dólares por la captura de Edmundo González Urrutia, acusado de múltiples delitos, en medio de un clima de protestas convocadas por María Corina Machado y a pocos días de la toma de posesión presidencial para el período 2025-2031. González Urrutia promete regresar a Venezuela para asumir el liderazgo, pese a la orden de detención en su contra.
02/01/2025
Caracas, Venezuela – Un nuevo episodio de la tensión política en Venezuela se intensifica luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ofreciera una recompensa de $100 mil dólares estadounidenses por la captura del presidente electo, Edmundo González Urrutia. Según una publicación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), González Urrutia es acusado de una serie de graves delitos, incluyendo conspiración, complicidad en actos violentos, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.
Esta oferta de recompensa llega en un momento crítico, a sólo días de la fecha prevista para la toma de posesión presidencial. El dictador Maduro, quien asumirá su cargo para el período 2025-2031 el 1 de enero, ha acusado a sus opositores de buscar el «caos» y de intentar desestabilizar al país. Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado ha convocado a protestas en todo el territorio nacional, con el objetivo de reafirmar «la derrota final» de la dictadura.
Edmundo González Urrutia, de 75 años y exdiplomático, huyó a Spain en septiembre tras la emisión de una orden de detención en su contra. Desde el exilio, ha asegurado que regresará a Venezuela para asumir la jefatura del Estado, aunque no ha especificado cómo lo haría dadas las acusaciones y la orden de arresto vigente. Las autoridades venezolanas han declarado que González Urrutia será encarcelado si regresa al país.
La oposición venezolana y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado esta medida como una forma de represión política y un intento de silenciar a líderes opositores en un contexto ya de por sí tenso. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca la situación, con varias naciones y organismos expresando preocupación por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
