Jair Bolsonaro deberá comparecer ante el STF el 25 de marzo tras rechazo de su defensa en caso de intento de golpe
15/03/2025
Brasil – Jair Bolsonaro deberá presentarse el próximo 25 de marzo ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) después de que la Fiscalía rechazara los alegatos presentados por la defensa del ex presidente en relación con los acontecimientos del 8 de enero de 2023. En estos hechos, Bolsonaro es señalado, junto a otras 33 personas, como uno de los principales implicados en un presunto intento de golpe de Estado contra el gobierno del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Evaluación de pruebas contra el ex presidente Bolsonaro
En la audiencia, el STF evaluará si existen pruebas suficientes para abrir un juicio formal contra el ex mandatario de derecha por su supuesta participación en una conspiración golpista que, según la acusación, habría sido planeada desde octubre de 2022, cuando Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales. De ser aprobado el proceso, Bolsonaro y los demás acusados podrían enfrentar cargos por «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada», entre otros delitos graves. Estos cargos conllevan penas de hasta 40 años de prisión.
Ante el avance del proceso judicial, Bolsonaro ha denunciado que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político, comparándose con el líder estadounidense, Donald Trump.
En declaraciones recientes, afirmó que el procedimiento busca perjudicarlo debido a que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. «En un país con el trigésimo sistema de justicia más lento del mundo, según el Banco Mundial, y el poder judicial más caro del planeta, según diversas fuentes, una investigación llena de problemas e irregularidades contra mí y otras 33 personas va a juicio en solo un año y un mes», expresó el ex presidente, cuestionando la celeridad con la que avanza el caso en su contra. Además, criticó la imparcialidad del sistema judicial brasileño, al compararlo desfavorablemente con estándares internacionales.
El documento de 24 páginas difundido por la Fiscalía responde a los principales argumentos presentados por la defensa de Bolsonaro. Entre ellos, destaca la solicitud de que el juicio sea realizado por los once miembros del pleno del Supremo Tribunal Federal, en lugar de los cinco magistrados que conforman la Primera Sala del tribunal. También se impugnó una presunta obstrucción al acceso de la defensa a las pruebas del caso y se pidió la anulación de la confesión y del acuerdo de culpabilidad del teniente coronel Mauro Cid, uno de los principales implicados y ex ayudante personal de Bolsonaro.
Sin embargo, la Fiscalía desestimó estos reclamos, argumentando que los mismos carecen de fundamento y ya han sido superados en instancias anteriores. En el documento remitido al STF, el Ministerio Público sostiene que «la denuncia describe de forma pormenorizada los hechos delictivos y las circunstancias que los rodean», reafirmando así la solidez de las pruebas recabadas. Ahora, corresponde al magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso en la Corte Suprema y figura clave en las investigaciones relacionadas con el 8 de enero, analizar los argumentos presentados y decidir si el proceso avanzará hacia un juicio formal.
El ex presidente Bolsonaro ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030, tras haber sido condenado por abuso de poder al cuestionar sin pruebas la legitimidad del sistema de conteo de votos en las elecciones de 2022. Esta inhabilitación le impide postularse a cualquier cargo público durante los próximos años, dejando un vacío de poder en la derecha brasileña.
Sin embargo, según la consultora brasileña Atlas Intel, la desaprobación de Lula sigue en aumento y pasó de 51,4 de enero a 53 de febrero, tras la crisis cambiaria que azotó al país brasilero. El 50,8 por ciento de los brasileños cree que el gobierno es malo o muy malo, y el 49,4% considera que está peor que con Bolsonaro.
