Una jueza vinculada al kirchnerismo suspende por seis meses el decreto que buscaba desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad

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17 de julio de 2025

Buenos Aires, Argentina – El Gobierno de Javier Milei anunció que apelará el fallo de la jueza federal Martina Isabel Forns, identificada con el kirchnerismo, que suspendió por seis meses el decreto 461/2025, el cual ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este organismo, señalado como un epicentro de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, fue objeto de un plan de reestructuración liderado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para eliminar ineficiencias y prácticas fraudulentas en la obra pública. La decisión judicial, impulsada por una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), representa un nuevo obstáculo para las reformas libertarias de Milei.

Antecedentes del caso

El pasado 8 de julio, el Gobierno de Milei decretó la disolución de la DNV, un ente autárquico creado en 1932, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. La medida, respaldada por el decreto 461/2025, buscaba centralizar funciones en el Ministerio de Economía y la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con un ahorro estimado de 100 millones de dólares anuales. Sin embargo, la jueza Forns argumentó que el decreto vulnera derechos laborales y sindicales, ordenando al Ejecutivo abstenerse de ejecutar actos administrativos como traslados, despidos o supresión de estructuras durante seis meses, hasta resolver la cuestión de fondo.

[Imagen: Protestas tras la publicació en DNU a traves del cual se decidio resolver Vialidad Nacional. Fuente: Archivo DNV]

Una justicia alineada con el pasado

El fallo de Forns ha sido duramente criticado por el oficialismo y sectores afines, que lo consideran un intento de preservar los privilegios de una burocracia estatal enquistada durante los gobiernos kirchneristas. El ministro Sturzenegger señaló en redes sociales que la persona que presentó el amparo está vinculada a Lázaro Báez, un empresario condenado por corrupción en la causa Vialidad, que involucró a Cristina Fernández de Kirchner. “La jueza kirchnerista protege la madriguera de la corrupción”, afirmó Sturzenegger, en referencia a los vínculos históricos de la DNV con maniobras fraudulentas en la obra pública. Esta postura refleja la frustración del Gobierno ante una justicia que, según sus críticos, sigue operando bajo la influencia de los sectores políticos que dominaron Argentina durante décadas, bloqueando reformas necesarias para modernizar el Estado.

Impacto y próximos pasos

El Gobierno, a través de Adorni, confirmó que presentará la apelación ante la Cámara Federal de San Martín tras la feria judicial, el 2 de agosto, buscando revertir la suspensión y avanzar con la disolución de la DNV. Mientras tanto, el sindicato Sevina celebró el fallo como un “respaldo legal a la defensa de la estabilidad laboral” y reafirmó su compromiso con la continuidad de la institución, que gestiona 40,000 kilómetros de rutas nacionales. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que la DNV representa un símbolo de la ineficiencia y corrupción del Estado, como se evidenció en la condena a Cristina Kirchner por maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas.

La batalla legal pone de manifiesto el choque entre el proyecto libertario de Milei, que busca un Estado más eficiente y libre de prácticas corruptas, y las resistencias de un sistema judicial y sindical que, según el Gobierno, defiende los intereses de una casta política enquistada. La apelación será clave para determinar si Milei podrá avanzar con su agenda de desregulación o si enfrentará nuevos reveses en su lucha contra el statu quo.

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